La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma electoral que obligaría a las instituciones financieras a reportar directamente al INE los movimientos de partidos políticos y candidatos a partir de septiembre de 2026.
La medida, parte de un proyecto para reformar 11 artículos electorales, busca fortalecer la fiscalización y detectar financiamiento ilícito en campañas. Incluye a partidos nacionales y locales, así como precandidatos, candidatos e independientes.
El INE ya había solicitado mayor colaboración con la UIF, el SAT y la CNBV. La propuesta presidencial va más allá: plantea que los reportes sean automáticos desde el inicio del proceso electoral.
El cuarto transitorio establece que la Secretaría de Hacienda y el INE deberán ajustar los mecanismos necesarios para implementar el sistema antes de septiembre de 2026, inicio del proceso electoral 2026-2027.
La reforma prohíbe aportaciones en efectivo y financiamiento con recursos ilícitos. Las aportaciones en especie también deberán ser cuantificadas y rastreadas.
El INE deberá manejar la información como confidencial, solo durante procesos electorales y exclusivamente para fiscalización. La Unidad Técnica podría actuar ante depósitos inusuales o gastos no justificados.
Sheinbaum mencionó que el sistema permitiría aplicar medidas cautelares, como retirar financiamiento, aunque ese detalle no está incluido en los cambios constitucionales enviados a diputados.