Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido un blanco recurrente del proyecto político encabezado por Morena. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se impulsó una ambiciosa reforma constitucional que buscaba sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), centralizando funciones electorales y eliminando los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Aunque aquella propuesta no logró la mayoría calificada en el Congreso, el debate sobre la racionalización del sistema electoral no ha cesado.
Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tema ha retomado impulso. En su primera gran iniciativa legislativa, Sheinbaum presentó una reforma político-electoral que, sin proponer formalmente la desaparición del INE, mantiene el discurso de austeridad y eficiencia heredado del obradorismo. Entre sus ejes centrales: la reducción del presupuesto electoral, la revisión de estructuras administrativas y la posibilidad de someter a votación popular la designación de consejeros electorales.
Este jueves 12 de marzo de 2026, durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el rechazo de la reforma en la Cámara de Diputados no representa una derrota política, sino un ejercicio de transparencia para identificar a quienes se oponen a la reducción de privilegios en el sistema político. “No se trata de debilitar la democracia, sino de fortalecerla con menos gasto y más participación ciudadana”, sostuvo.
La propuesta original de AMLO contemplaba la creación del INEC, con funciones ampliadas para organizar tanto elecciones federales como estatales, además de consultas populares. Los consejeros y magistrados electorales pasarían de ser designados por el Congreso a ser elegidos directamente por la ciudadanía. El gobierno argumentaba que este modelo abarataría el sistema y democratizaría la selección de autoridades electorales. Sin embargo, especialistas y opositores advirtieron sobre el riesgo de politización y pérdida de autonomía técnica.
Ante el bloqueo legislativo, el gobierno de López Obrador implementó un 'Plan B electoral', mediante reformas a leyes secundarias que modificaron aspectos clave del funcionamiento del INE, como la reducción de su presupuesto y la reconfiguración de sus órganos colegiados. Estas acciones generaron múltiples controversias y amparos, y fueron cuestionadas por organismos internacionales como la OEA y la CIDH.
El actual gobierno de Sheinbaum, aunque más mesurado en el tono, mantiene una línea de continuidad. Sus argumentos giran en torno a la necesidad de un sistema electoral más económico y menos burocrático. No obstante, la oposición y diversos analistas insisten en que estas reformas buscan, en el fondo, consolidar un control político sobre el árbitro electoral, especialmente de cara a futuros procesos comicios.
El debate sigue abierto. Mientras el gobierno insiste en la necesidad de una transformación profunda, defensores de la autonomía electoral advierten que cualquier intento de subordinar al INE a intereses de partido pone en riesgo la credibilidad del sistema democrático mexicano.