La reforma constitucional en materia electoral que este martes fue recibida por el Senado de la República incluye una modificación clave al artículo 35: permitiría por primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en las boletas de la revocación de mandato y promueva activamente el voto a su favor, algo que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvo expresamente prohibido.
Este cambio, conocido como el "Plan B electoral", propone que la persona sujeta a revocación de mandato "pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia", eliminando así la restricción que impedía al titular del Ejecutivo intervenir directamente en la consulta ciudadana.
Además, la reforma plantea que la ciudadanía pueda solicitar la revocación de mandato desde el segundo año de gobierno, en lugar de esperar hasta el tercero, con la jornada de votación programada para el tercer o cuarto año del sexenio. La propuesta busca empalmar este ejercicio con las elecciones intermedias federales del 1 de junio, lo que implicaría una logística electoral conjunta.
Otro punto relevante es la modificación al periodo de prohibición de propaganda gubernamental. Mientras que en el ejercicio de 2022 se prohibió desde el inicio de la convocatoria (4 de febrero) hasta después de la jornada (10 de abril), ahora se limitaría a los 70 días previos a la votación, manteniendo un periodo similar pero con mayor claridad legal.
La reforma también mantiene la prohibición del uso de recursos públicos para la recolección de firmas, tiempos oficiales y contratación de propaganda con fines de promoción relacionados con la revocación de mandato.
Este cambio contrasta con lo ocurrido durante el gobierno de López Obrador, quien fue el primer presidente en someterse a una consulta de revocación de mandato. A pesar de que las reglas de su propio movimiento le impedían intervenir, el entonces mandatario opinó repetidamente sobre el proceso en sus conferencias matutinas y giras, lo que generó múltiples sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sanciones del INE.
Incluso, la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en pleno proceso de revocación fue considerada propaganda gubernamental por la Sala Superior del TEPJF, lo que derivó en sanciones no sólo para López Obrador, sino también para los entonces gobernadores Omar Fayad (Hidalgo), Alfredo del Mazo (Edomex) y Claudia Sheinbaum, en su momento jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
El entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, criticó en su momento la contradicción de prohibir al presidente hablar sobre un proceso diseñado para evaluar su gestión. "Fue hasta entonces que las propias bancadas aliadas al presidente se dieron cuenta de lo absurdo de las normas", señaló, al recordar que esas reglas fueron aprobadas por las mayorías que hoy buscan modificarlas.
De aprobarse la reforma, Sheinbaum podría intervenir directamente en una futura revocación de mandato, aunque se requerirán nuevas reglas para evitar el uso indebido de recursos públicos.