El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un extenso documento ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para pedir la desestimación de la apelación interpuesta por el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión por delitos de narcotráfico y asociación delictuosa.
En un escrito de más de cien páginas, el fiscal especial Adam Amir, en representación del fiscal jefe del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, sostuvo que la evidencia presentada durante el juicio en febrero de 2024 fue abrumadora y suficiente para demostrar la colaboración sistemática de García Luna con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios, sin que errores menores en fechas o detalles testimoniales alteren la solidez del veredicto.
El 18 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan confirmó la sentencia tras rechazar una moción para repetir el juicio. Actualmente, García Luna cumple su condena en la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, tras varios traslados desde su detención en Estados Unidos.
La defensa del exfuncionario presentó la apelación casi un año después, alegando supuestos errores procesales, entre ellos la admisión de pruebas consideradas inadmisibles, la exposición de su patrimonio y posibles irregularidades en el testimonio de testigos colaboradores. Sin embargo, la fiscalía respondió que se cumplió con todos los protocolos de transparencia, incluyendo la entrega de más de un millón de documentos, y que incluso se acordó excluir del juicio acusaciones no corroboradas, como las de carácter sexual.
Además, la fiscalía destacó que más de 25 testigos, incluyendo nueve colaboradores clave, ofrecieron testimonios detallados sobre el papel de García Luna en la protección y facilitación de actividades del Cártel de Sinaloa. Respecto a las imprecisiones en fechas señaladas por la defensa, los fiscales las calificaron como "errores inofensivos", producto de lapsus de memoria, que no invalidan el conjunto de la evidencia ni constituyen perjurio.
En cuanto a la exhibición del patrimonio del exfuncionario, la fiscalía argumentó que la evidencia fue limitada pero pertinente para demostrar un "patrimonio ostentoso" incompatible con sus ingresos oficiales, lo cual refuerza la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
Uno de los puntos más contundentes de la réplica fiscal fue la revelación de intentos de soborno dentro del centro penitenciario de Brooklyn, donde García Luna estuvo recluido. La fiscalía presentó grabaciones, entrevistas a cuatro internos y un documento de abril de 2023 que servía como guion para declarar falsamente que los testigos habían coordinado sus testimonios. Esto, según los fiscales, evidencia un patrón de obstrucción a la justicia.
La defensa tiene un plazo de 21 días hábiles para responder por escrito. Posteriormente, la corte podría convocar a una audiencia oral, donde cada parte tendría entre 10 y 20 minutos para exponer sus argumentos ante un panel de tres jueces. Se espera que la resolución final se emita en menos de un año.
El caso mantiene una relevancia significativa en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, al poner en evidencia la infiltración de altos funcionarios en estructuras del crimen organizado. La decisión de la corte de apelaciones podría sentar un precedente en procesos contra exautoridades acusadas de corrupción transnacional.