El cantautor sonorense Carin León y la Secretaría de Cultura federal presentaron como un éxito el primer concierto del Circuito Nacional de Conciertos por la Paz, realizado el sábado 21 de marzo en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, pese a múltiples reportes que señalan una asistencia significativamente menor a la estimada.
A través de sus redes sociales, Carin León compartió un video en Instagram con fragmentos de su presentación, acompañado del mensaje: "Una primera cita más en Tijuana". Durante el recital, el artista recordó que esta ciudad fue escenario de su primera presentación oficial en 2018, reafirmando su vínculo emocional con la frontera norte.
La Secretaría de Cultura también difundió material audiovisual del evento, destacando su objetivo de fomentar la cohesión social, la paz y el acceso al arte en espacios públicos. La titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, estuvo presente en el concierto y ofreció una estimación de más de 40 mil asistentes, cifra que contrasta con reportes de medios locales.
Agencia Fronteriza de Noticias y Semanario Zeta informaron que la asistencia superó ligeramente los 10 mil espectadores, apenas la mitad de lo previsto por autoridades municipales y federales antes del evento. Testigos presenciales y usuarios de redes sociales compartieron videos en X (antes Twitter) y TikTok donde se observa una plaza con ocupación parcial, generando críticas sobre el uso de recursos públicos en medio de necesidades prioritarias como seguridad, salud y servicios públicos.
En TikTok, el concierto adquirió tintes políticos, con mensajes como: "A mí me encanta Carín León, pero hoy los tijuanenses le respondimos al gobierno de 4ta, que prefirió invertir nuestros impuestos en el concierto que en todo lo que se requiere en nuestra ciudad". Otros internautas exigieron a la Secretaría de Cultura publicar "las verdaderas imágenes" del evento.
Hasta la fecha, la dependencia federal no ha emitido un comunicado oficial con cifras consolidadas de asistencia ni respondido a las acusaciones de manipulación informativa. El caso ha abierto un debate nacional sobre la transparencia en la evaluación de programas culturales financiados con fondos públicos.