Con 33 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dio su opinión favorable a la iniciativa presidencial de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, tras considerar que no generará impacto presupuestario ni requerimientos financieros adicionales.
La opinión fue remitida a las comisiones de Infraestructura y de Hacienda para su integración al dictamen final, el cual está previsto que sea discutido y votado este miércoles antes de ser enviado al Pleno de la Cámara para su aprobación definitiva.
La presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, precisó que la evaluación se limitó exclusivamente al posible impacto financiero, sin abordar aspectos sustantivos de la propuesta. Destacó que cualquier erogación derivada de la entrada en vigor de la ley deberá cubrirse con recursos ya asignados en los presupuestos de los entes ejecutores, sin autorizar nuevos fondos.
No obstante, la iniciativa enfrentó fuertes críticas durante la discusión. Por parte del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez advirtió que la norma crea un régimen especial, extraordinario y paraestatal que evade los principios constitucionales de transparencia y competencia establecidos en el artículo 134 de la Carta Magna. Criticó que se eliminen las licitaciones públicas y se fortalezca la discrecionalidad gubernamental en la asignación de proyectos.
Por el PRI, el diputado Arturo Yáñez señaló que la ley podría permitir al Ejecutivo incrementar la deuda pública bajo mecanismos opacos, reduciendo al Congreso a una mera ventanilla de trámites. Advertió sobre riesgos fiscales y la concentración de poder en decisiones estratégicas de inversión.
La iniciativa busca promover inversiones en sectores clave como transporte, energía, agua, salud, educación, desarrollo urbano, turismo, parques industriales, medio ambiente y tecnologías, mediante esquemas de colaboración entre los sectores público, privado y social. Las comisiones de Infraestructura y Hacienda tendrán ahora la responsabilidad de integrar el dictamen final con base en la opinión técnica emitida por Presupuesto.