La violencia de género en México alcanza niveles críticos, con apenas el 15% de los casos de feminicidio que llegan efectivamente ante la justicia, reveló Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la conferencia "Protección y acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género en México", organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia 2025, se registraron 4,523 carpetas de investigación por feminicidio, ya sea consumado o en grado de tentativa. De ese total, solo 2,229 iniciaron investigación, 946 fueron presentados ante un juez de control, 948 concluyeron la investigación complementaria y 679 culminaron en acusación formal. Este bajo porcentaje de judicialización representa un "escándalo", según calificó Frías Martínez, quien advirtió sobre la gravedad de la impunidad en uno de los delitos más extremos de violencia de género.
La especialista subrayó que el feminicidio no es un fenómeno aislado, sino la expresión más extrema de una estructura social arraigada en la desigualdad de género, que se ve agravada por factores como la etnia, el nivel socioeconómico, la orientación sexual y la edad. Aunque México no tiene las tasas más altas de feminicidio por cada 100,000 habitantes en América Latina, por su tamaño poblacional ocupa el segundo lugar en número absoluto de casos, solo por debajo de Brasil.
En el país, cerca del 35% de las muertes de mujeres son clasificadas como feminicidios, aunque existen casos que, pese a presentar las características del delito, son investigados como suicidios u otras causas. Además, el 21% de las personas desaparecidas y no localizadas son mujeres, lo que agrava la crisis de seguridad y justicia para las mujeres en México.
Frías Martínez destacó que alrededor de 670,000 mujeres se encuentran en riesgo de violencia feminicida por parte de parejas o exparejas, muchas de las cuales desconocen dónde solicitar ayuda. Incluso cuando acuden a instancias oficiales, enfrentan lo que la investigadora denominó una "traición institucional": sus denuncias son minimizadas, desalentadas o directamente no creídas por las autoridades.
"Si un delito de alto impacto como el feminicidio no recibe la debida respuesta institucional, debemos cuestionarnos qué ocurre con otros delitos como la violación o el hostigamiento sexual", advirtió. La falta de atención en las fiscalías, sumada a la normalización de la violencia, evidencia la responsabilidad del Estado en la perpetuación de esta crisis estructural.