La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este 25 de marzo un fallo histórico que establece que las resoluciones judiciales en casos de copropiedad de inmuebles deben priorizar la protección de las mujeres y los menores, evitando que queden desamparados en materia de vivienda y acceso a alimentos. El tribunal instruyó a los órganos judiciales a reponer el procedimiento cuando existan indicios de que una sentencia podría afectar gravemente a niñas, niños o adolescentes.
El caso que originó la decisión involucraba a una madre que impugnó una orden de disolución de copropiedad sobre dos propiedades: una destinada a la vivienda de sus hijos y otra utilizada como fuente de ingresos. La SCJN subrayó que, incluso en litigios civiles, los jueces tienen la obligación de analizar el impacto directo de sus decisiones en la vida de menores y en situaciones de violencia económica o de género.
Este pronunciamiento se dio en el marco de la firma de un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la SCJN, la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), anunciado el 23 de marzo. El acuerdo busca fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, promover la igualdad sustantiva y erradicar la violencia estructural contra mujeres, adolescentes y niñas.
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la Corte apuesta por una “igualdad real y verdadera, la que se siente en el cuerpo, en la dignidad de cada una de ustedes”, y reiteró la disposición del máximo tribunal para recibir propuestas que impulsen la justicia plena para las mujeres. Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, calificó el momento como histórico, destacando avances como la paridad de género y la presencia de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conago, resaltó que la integración actual de la SCJN con cinco ministras representa un hito sin precedentes, que acerca la justicia a la realidad social del país. Las autoridades coincidieron en que, pese a los avances, persisten retos estructurales que exigen una coordinación interinstitucional decidida hacia una sociedad más igualitaria.