El caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años con paraplejia que este 25 de marzo recibe eutanasia tras un proceso legal en España, ha reactivado el debate en México sobre el derecho a una muerte digna. Este hecho ha puesto nuevamente bajo reflector la necesidad de avanzar en una reforma legislativa que permita a los pacientes en fase terminal decidir sobre el final de su vida, en el marco de autonomía personal y derechos humanos.
En octubre de 2025, el Senado de la República discutió la Ley Federal para la Muerte Digna, una iniciativa que busca garantizar el derecho de las personas a rechazar tratamientos médicos innecesarios, acceder a cuidados paliativos y, eventualmente, optar por la eutanasia bajo protocolos supervisados. Durante la sesión, especialistas en bioética, representantes de asociaciones civiles y legisladoras coincidieron en que el tema debe trascender el mero debate ético y convertirse en una prioridad de política pública.
Actualmente, la Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia desde 2009 (Artículo 166 Bis 21), calificándola como “homicidio por piedad”, mientras que el Artículo 312 del Código Penal Federal sanciona con penas de uno a doce años de prisión a quien colabore o realice directamente una muerte a petición ajena. Esta normativa ha generado múltiples iniciativas legislativas orientadas a su despenalización y regulación.
La Ciudad de México reconoce desde 2017, en su Constitución local (Artículo 6), el derecho a una muerte digna como parte de la autodeterminación personal. Sin embargo, la legislación federal impide su aplicación plena, lo que evidencia la urgencia de una armonización jurídica nacional.
Entre las propuestas más recientes destacan: la reforma a la Ley General de Salud impulsada en 2023 por el diputado Emmanuel Reyes Carmona; la iniciativa constitucional presentada en 2022 por la diputada Irma Juan Carlos para reconocer el derecho a la muerte digna; y la propuesta de la diputada Leticia Chávez Rojas para permitir la eutanasia en pacientes oncológicos y terminales.
También ha cobrado fuerza la llamada “Ley Trasciende”, promovida por Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica y lupus en fase terminal. Su lucha busca garantizar que personas con enfermedades crónico-degenerativas avanzadas puedan ejercer su derecho a no prolongar su sufrimiento. En México, se estima que alrededor de 13 millones de personas padecen Enfermedad Renal Crónica, pero el 80% desconoce su condición, y el acceso a diálisis o trasplantes es limitado.
Las voces a favor de la reforma insisten en que una ley federal permitiría establecer estándares claros, salvaguardar la voluntad anticipada, proteger a los médicos y asegurar acompañamiento psicológico y ético. Mientras el caso de Noelia Castillo conmueve a la opinión pública internacional, en México crece la exigencia de que el Congreso federal expida una ley general que reconozca y regule el derecho a morir con dignidad.