El Senado de la República aprobó una reforma legislativa que prohíbe a instituciones educativas públicas y privadas utilizar la voz, imagen o datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales sin el consentimiento previo, informado y por escrito de madres, padres o tutores legales. La medida busca cerrar vacíos legales y proteger el derecho a la privacidad de los menores en entornos digitales y físicos.
La reforma establece que ninguna escuela podrá difundir fotografías, videos, audios o información personal de estudiantes para publicidad, mercadotecnia o promoción institucional sin autorización expresa. Esto incluye su uso en redes sociales, campañas publicitarias, sitios web o cualquier medio de comunicación. Asimismo, los tutores podrán revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte la situación académica del menor.
Durante el debate legislativo, legisladores como Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación, Cynthia Iliana López Castro y María del Rocío Corona Nakamura destacaron la necesidad de proteger a la niñez frente al uso indebido de su imagen, especialmente en contextos donde se aprovechan testimonios o contenidos audiovisuales sin conocimiento familiar. Señalaron que esta práctica era común en escuelas privadas, donde se utilizaban imágenes de estudiantes para atraer nuevos inscritos sin autorización formal.
La reforma se sustenta en el principio del interés superior de la niñez, reconocido en la Constitución mexicana y en tratados internacionales. Entre los riesgos que busca prevenir están la exposición no consentida en redes sociales, el uso indebido de datos personales y la mercantilización de la infancia en estrategias de mercadotecnia educativa.
Uno de los avances clave es que ya no serán válidas las autorizaciones generales o implícitas. Cada uso con fines comerciales deberá contar con un consentimiento específico, documentado y revocable. La medida aplica a todos los niveles educativos y medios de difusión, tanto digitales como impresos.
El dictamen, aún sujeto a trámites legislativos adicionales antes de su entrada en vigor, representa un paso significativo en la protección de derechos digitales y personales de los menores. Con esta reforma, el Senado busca garantizar que niñas, niños y adolescentes no sean utilizados como instrumentos de promoción institucional, reforzando su derecho a la intimidad, la identidad y la protección de datos.