Tras el respaldo de 18 congresos estatales a la reforma constitucional que limita las pensiones de personal de confianza en entidades públicas, los jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) emitieron un llamado a la Cámara de Diputados y a los legisladores locales para que revisen con "sensibilidad" y "responsabilidad histórica" las leyes secundarias que se derivarán de la medida.
Las Asociaciones de Jubilados y Jubiladas de confianza de Pemex señalaron que cualquier modificación al sistema debe ampliar, no debilitar, los derechos ya consolidados. Argumentan que cambiar condiciones de retiro previamente establecidas vulneraría el principio constitucional de no retroactividad de la ley y provocaría una pérdida de certeza jurídica para quienes ya han construido su proyecto de vida bajo reglas específicas.
En su pronunciamiento, los jubilados advirtieron que permitir ajustes discrecionales en beneficios ya otorgados rompería el principio de legalidad y dejaría a los beneficiarios en una situación de vulnerabilidad frente al poder público. "Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier otro sector", declararon.
Asimismo, acusaron a la Secretaría de la Función Pública y Buen Gobierno de difundir, el 13 de marzo, información "falsa" sobre supuestas "pensiones exorbitantes", incluyendo datos personales de jubilados. Según la denuncia, esa divulgación no solo generó desinformación, sino que también vulneró la protección de datos personales al exhibir identidades sin justificación.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal. La medida se aplicará a organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, excluyendo a las Fuerzas Armadas, aportaciones voluntarias a cuentas individuales, aportaciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva.
El punto más controvertido radica en los artículos transitorios, que prevén que pensiones ya otorgadas —y no excluidas— se ajusten al nuevo tope, lo que ha generado críticas por su posible efecto retroactivo. La reforma, al tratarse de un cambio constitucional, requiere el aval de al menos la mitad más uno de las legislaturas locales para su publicación oficial y entrada en vigor. Una vez completado este proceso, corresponderá al Congreso de la Unión desarrollar y aprobar las leyes secundarias que definirán los mecanismos específicos de implementación, momento en el que los jubilados han centrado su llamado a la prudencia legislativa.