El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, desmintió este lunes las críticas emitidas por el Gobierno de México, señalando que el informe presentado no se circunscribe a un periodo cerrado, sino que analiza la evolución del fenómeno de desapariciones forzadas desde 2012 hasta la actualidad.
Albán subrayó que el Comité ha mantenido una interacción constante con el Estado mexicano durante más de una década, incorporando datos actualizados, incluidos los registros más recientes que indican que, hasta febrero de 2026, más de 132,000 personas continúan desaparecidas en el país.
El mandatario del organismo también defendió la naturaleza institucional del Comité, recordando que los órganos de tratado forman parte del sistema de la ONU y que sus miembros son elegidos por los Estados parte, garantizando su legitimidad aun cuando actúan con independencia en sus decisiones.
En cuanto al destino del informe, Albán precisó que la decisión no fue remitida a oficinas técnicas, sino directamente al máximo órgano deliberativo de la ONU, en aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo permite escalar el caso cuando existen indicios fundados de desapariciones de carácter generalizado o sistemático, con el objetivo de colocar el tema en la agenda internacional y buscar medidas de apoyo al Estado involucrado.
Frente a las acusaciones de sesgo y tendencia del informe por parte de la administración de Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Albán sostuvo que el desacuerdo es legítimo, pero que la descalificación resulta cuestionable, llamando al respeto institucional hacia los órganos de supervisión en derechos humanos.
El Comité reiteró su disposición a cooperar con México para abordar la crisis forense, los restos humanos sin identificar y los patrones de impunidad que persisten, enfatizando que la lucha contra las desapariciones forzadas debe ser una prioridad común entre el Estado mexicano y los mecanismos internacionales, en beneficio de las víctimas y sus familias.