La Cámara de Diputados declaró formalmente reformado el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poniendo fin a las llamadas "pensiones doradas" de ex servidores públicos. La iniciativa, ya aprobada por 20 congresos locales, fue remitida por la Mesa Directiva del Palacio de San Lázaro al Senado para su ratificación, posterior turnado al Ejecutivo y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los congresos que respaldaron la reforma incluyen a Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La reforma establece que las pensiones de ex funcionarios tendrán un tope máximo del 50 % de la remuneración de la presidenta, lo que equivale a no más de 67,145 pesos netos mensuales en 2026. El ajuste será retroactivo y se aplicará a todas las pensiones, salvo a las de personal de las Fuerzas Armadas, que quedarán exentas.
Con la medida se estima un ahorro anual de 5,000 millones de pesos para el erario federal. Entre los beneficiarios de pensiones millonarias se encuentran empresas estatales como Petróleos Mexicanos, con 22,316 jubilados que perciben en promedio 39 veces el ingreso medio nacional, y la extinta Luz y Fuerza del Centro, con 14,073 ex trabajadores que reciben hasta 140 veces la media nacional.
La reforma, una vez publicada, entrará en vigor y marcará un precedente histórico en la política de pensiones del país, buscando mayor equidad y sostenibilidad fiscal.