La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó la localización sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de abril de 2026 en el sótano del edificio 829 de la avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez. La víctima había sido reportada como desaparecida el 16 de abril después de asistir a una entrevista de trabajo que resultó ser una trampa.
Según el protocolo de búsqueda, Edith salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, Iztapalapa, el 15 de abril. La FGJ activó de inmediato los procedimientos de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE). A la 01:30 h del 17 de abril, elementos de FIPEDE inspeccionaron el inmueble y, antes de las 06:00 h, se confirmó la presencia de un cuerpo en el sótano.
Claudia Edith, madre de la víctima, denunció en cámara de noticieros la supuesta inacción de la Fiscalía, acusándola de exigir “dinero bajo la mesa” para avanzar en la investigación. La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, condenó el crimen a través de su cuenta en X, prometiendo una investigación pronta y rigurosa.
El asesinato de Edith Guadalupe no es un hecho aislado. En los últimos seis años se han documentado casos con idéntico modus operandi, en los que mujeres son contactadas mediante redes sociales como Facebook o TikTok y atraídas a entrevistas de trabajo falsas, para luego ser secuestradas, explotadas o asesinadas por redes de trata de personas y crimen organizado.
Entre los casos más recientes se encuentran los de Evelin Afiune y Vianey López, ambas desaparecidas y posteriormente encontradas sin vida bajo circunstancias similares. Estos crímenes se investigan como feminicidios y forman parte de una tendencia alarmante: en el primer bimestre de 2026 se registró un promedio diario de 5.41 mujeres asesinadas en México, con mayor concentración en el Estado de México, CDMX, Nuevo León y Jalisco.
La FGJ CDMX ha anunciado que, además de la investigación penal, se llevará a cabo una auditoría interna para esclarecer las denuncias de la familia contra funcionarios. Las autoridades hacen un llamado a la sociedad para que denuncie cualquier oferta laboral sospechosa y a las plataformas digitales a reforzar sus mecanismos de verificación.