La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó arrancar una revisión integral de la estructura salarial del organismo, con el objetivo de acatar los ajustes de austeridad ordenados por el Plan B de reforma constitucional. La medida, que será aplicable a partir del próximo año, responde al mandato constitucional que prohíbe la retroactividad de las leyes que afecten derechos adquiridos.
Según el proyecto de revisión, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración contarán con 30 días para presentar una propuesta de ajuste que incluya a todos los tabuladores del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa. Los cambios salariales se incorporarán al presupuesto anual ya aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que su efecto se pospondrá hasta el siguiente ejercicio fiscal.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enfatizó que la autonomía del instituto no exime de cumplir la Constitución y que los ajustes deben garantizar la operatividad del organismo y la certeza jurídica de sus funciones. Taddei, única en el Consejo General que ha adoptado la política de austeridad desde su ingreso en 2023, redujo su propio salario, situándose ahora 198 pesos con 97 centavos por debajo del de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.
El informe resultante será entregado a la Comisión Temporal de Presupuesto, para que se considere en la asignación de recursos que el INE requerirá para las elecciones de 2027 y su funcionamiento durante el próximo año.