El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, entregó su renuncia a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, argumentando que su dimisión permitirá que las investigaciones sobre el operativo militar‑policial en la Sierra Tarahumara avancen con mayor autonomía y transparencia.
Entre el 17 y 19 de abril, fuerzas de seguridad estatales y federales llevaron a cabo una intervención en el municipio de Morelos, en la que se desmanteló un laboratorio de metanfetaminas. El operativo terminó en tragedia cuando un vehículo perdió el control y cayó a un barranco, dejando cuatro fallecidos. Desde el inicio, surgieron dudas sobre la presencia de personas no adscritas a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) dentro del convoy.
Según el informe preliminar, uno de los escoltas señaló que entre los acompañantes había ciudadanos estadounidenses vinculados a instancias diplomáticas, lo que abrió una investigación sobre su identidad y posible rol en la acción. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recordó que cualquier actuación de agentes extranjeros en territorio nacional requiere autorización federal y debe enmarcarse en la Ley de Seguridad Nacional.
En su comunicado público, Jáuregui admitió inconsistencias y omisiones en la información inicial difundida y en los mecanismos de control interno de la Fiscalía General del Estado (FGE). Reconoció que, como titular, le correspondía garantizar el cumplimiento de los protocolos institucionales y asumió la responsabilidad de su liderazgo.
El exfiscal sostuvo que su salida "facilitará el desarrollo de las investigaciones y atenderá la exigencia de transparencia", permitiendo que la unidad especializada, encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, continúe la investigación en coordinación con la Fiscalía General de la República sin interferencias.
Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó la apertura de carpetas de investigación y la colaboración con la FGE para determinar responsabilidades y posibles violaciones al marco legal.
La renuncia de Jáuregui se produce en medio de una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación, la coordinación interinstitucional y los límites de la colaboración internacional en materia de seguridad. El caso sigue bajo escrutinio público y legal, y se espera que los resultados de la investigación definan si hubo incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional y qué sanciones, de ser necesarias, se aplicarán.