La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar el procedimiento a seguir para la captura de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de la Marina, detenido en Argentina el 23 de abril de 2026. El militar, apodado “Fernando ‘N’”, está acusado de liderar una estructura dedicada al huachol fiscal, al contrabando de hidrocarburos y a varios delitos de crimen organizado.
Sheinbaum subrayó que el contralmirante ingresó a territorio argentino con un pasaporte falsificado y que, por tanto, la Fiscalía debe decidir entre solicitar su extradición o su deportación. “Bueno, no sé, ya que vea la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía es quien lleva el caso y ya lo que se está pidiendo es la deportación porque entró con pasaporte falso o la extradición en todo caso. Ya la Fiscalía tendría que determinarlo”, declaró la presidenta en Palacio Nacional.
La presidenta también manifestó desconocer si la detención podría ser utilizada con fines políticos contra el gobierno mexicano y reiteró que espera que el caso no se convierta en un tema de confrontación bilateral. “Fernando ‘N’ es una persona que está siendo investigada y que tiene una orden de aprehensión”, precisó.
El caso se enmarca dentro del acuerdo de colaboración en materia de justicia y seguridad entre México y Argentina. La captura de Farías Laguna se dio tras una operación coordinada entre autoridades de México, Argentina y Estados Unidos, luego de que el militar evadiera una audiencia de imputación en México y fuera buscado con ficha roja de Interpol.
Según la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, el contralmirante era una pieza clave en una red que traficaba combustible de Estados Unidos a México, simulando aceites y aditivos. La defensa del detenido, encabezada por el despacho Epigmenio Mendieta, asegura que ni la familia ni los abogados han recibido notificación oficial de la detención.
La Secretaría de Marina confirmó que la captura se realizó conforme a la ley y reiteró que la normativa se aplica a todos los servidores públicos, sin distinción.