El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, con entrada en vigor a partir de mañana. La reforma tiene como objetivo principal incorporar de manera explícita el derecho a una vivienda adecuada en la legislación federal, estableciendo requisitos mínimos y obligaciones para las autoridades.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la definición de "vivienda adecuada", que ahora debe cumplir siete elementos concretos: seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios, accesibilidad, ubicación, costos bajos, infraestructura y titulación. La normativa amplía la exigencia de que todas las personas, sin importar origen étnico, género, edad o condición social, accedan a este derecho bajo los principios de equidad e inclusión.
El texto señala que la atención prioritaria corresponde a la población vulnerable, con especial énfasis en mujeres jefas de familia y víctimas de violencia de género. Asimismo, la ley reconoce diversas formas de producción habitacional, como la autoproducción y la autoconstrucción, y contempla distintas modalidades de tenencia, incluyendo propiedad, arrendamiento y otras formas legales.
En materia de subsidios, la reforma establece que los recursos federales estarán sujetos a las reglas del Presupuesto de Egresos de la Federación y se asignarán según nivel de ingreso y condición de vulnerabilidad, tal como lo dispone el artículo 62. Las acciones de mejora incluyen rehabilitación, ampliación y reforzamiento estructural de viviendas deterioradas, promoviendo la participación de los sectores público, social y privado, así como la aplicación de tecnologías sustentables.
Para garantizar la efectividad de la política pública, la ley obliga a incorporar medidas de información, competencia y transparencia en todos los niveles de gobierno, y a alinear todas las inversiones y financiamientos con la Ley General de Asentamientos Humanos, con lineamientos claros en equipamiento e infraestructura.
Con la entrada en vigor de esta reforma, se busca que la producción social de vivienda, especialmente la autoproducción y el mejoramiento, permita a personas en situación de pobreza acceder a condiciones de habitabilidad dignas.