El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales, alegando presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. En una rueda de prensa en Navolato, Rocha Moya respondió que «no temo, no hay nada que temer» y que se considera una persona “limpia completamente”.
El gobernador aseguró que esperará el curso de la investigación que llevará a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) y reiteró que no tiene relación con el crimen organizado. Respecto a los demás funcionarios acusados, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, afirmó que cada quien debe “dar la cara por sí mismo”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, comentó en su conferencia de prensa que no se autorizará ninguna extradición a EE. UU. sin pruebas contundentes y que la FGR deberá determinar si los cargos son fundados para procesar a los implicados en México. Rocha Moya elogió la postura de Sheinbaum, señalando que “defiende la soberanía de nuestro país”.
Los cargos presentados por la justicia estadounidense incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dichos armamentos. Según la acusación, Rocha Moya habría recibido apoyo de la facción de “Los Chapitos” para su elección, mediante secuestro e intimidación de rivales y permitiendo la impunidad de sus miembros.
EE. UU. solicitó la detención provisional de los diez funcionarios en Nueva York con fines de extradición, medida que el gobierno mexicano calificó de injerencia externa. La investigación de la FGR está en curso y determinará si procede iniciar procesos penales en territorio nacional.