El 12 de mayo de 2026, la organización ambiental Greenpeace realizó una acción directa en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde activistas escalaron una estructura y desplegaron una megamanta con el mensaje “No más proyectos de turismo depredador”. La protesta buscó presionar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que detenga la construcción del megaproyecto Perfect Day, impulsado por la empresa estadounidense Royal Caribbean, que planea inaugurar un parque acuático de gran escala en Mahahual, Quintana Roo, en 2027.
Perfect Day incluye toboganes de más de 60 metros, ríos artificiales y bares, y pretende transformar playas emblemáticas del Caribe mexicano en destinos de recreación masiva. Greenpeace y comunidades locales denuncian que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) reconoce impactos severos, como la pérdida de vegetación costera, la afectación de manglares protegidos y la reducción permanente de hábitats para fauna silvestre, catalogados por la empresa como “permanentes, irreversibles, acumulativos y sinérgicos”.
En enero de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total de las obras por falta de autorización federal de impacto ambiental, señalando que se estaban ejecutando trabajos sin el permiso requerido. La suspensión es temporal mientras se verifica el cumplimiento normativo.
Desde el 23 de marzo de 2026, tras concluir la consulta pública, el expediente del proyecto pasó a la etapa de revisión final ante la SEMARNAT. La autoridad debe decidir entre tres posibles resoluciones: autorización plena, autorización condicionada con medidas de mitigación obligatorias, o negativa definitiva. La decisión marcará un precedente sobre el modelo de desarrollo turístico en la región y la prioridad de conservar ecosistemas críticos como manglares y arrecifes.
La manifestación en Bellas Artes subraya la urgencia de una evaluación ambiental exhaustiva, transparente y con participación ciudadana real, para evitar que proyectos de turismo depredador continúen amenazando los bienes públicos y la biodiversidad del Caribe mexicano.