El pasado 14 de mayo de 2026, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado de Guerrero coordinaron el regreso de 118 personas a la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa, tras varios días de violencia, ataques armados, incendios y desplazamientos forzados.
El operativo incluyó el traslado de mujeres, hombres, adultos mayores, niños y jóvenes en vehículos oficiales, así como la entrega de alimentos, cobijas, colchonetas, artículos de higiene y otros insumos básicos. El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, encabezó el acompañamiento y aseguró la existencia de mesas de diálogo para garantizar que el retorno sea permanente y se realice bajo condiciones de seguridad.
Las autoridades anunciaron la instalación de un corredor seguro entre Xicotlán y la cabecera municipal, que permitirá el libre tránsito de personas y suministros. Asimismo, se iniciará un censo de viviendas dañadas para evaluar los daños y apoyar la reconstrucción de las casas afectadas por la violencia.
La crisis de seguridad que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares se originó a partir del 6 de mayo, cuando comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán denunciaron agresiones armadas atribuidas a los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos. Los pobladores reportaron ataques con armas de alto calibre, incendios de viviendas y presuntos bombardeos con drones, lo que los obligó a refugiarse en cerros y zonas alejadas.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, alertaron sobre una crisis humanitaria y exigieron medidas urgentes para proteger a la población. Mientras el gobierno federal reconoció inicialmente a 96 desplazados, colectivos comunitarios estiman que la cifra supera los mil habitantes en la región.
El retorno de los 118 residentes forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para estabilizar la zona, evitar nuevos desplazamientos y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad. Sin embargo, habitantes y organizaciones civiles insisten en que la permanencia de la seguridad será clave para impedir que las familias vuelvan a abandonar sus hogares.