En entrevista reciente, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, reiteró la necesidad de que el organismo emita lineamientos que regulen los procesos internos de los partidos políticos, los cuales buscan anticipar sus candidaturas para las elecciones de 2027. Según Castillo, la clave está en adelantar la fiscalización para detectar a tiempo posibles aportaciones del crimen organizado o lavado de dinero y alertar a las autoridades competentes.
El consejero señaló que el INE no puede ser "comparsa" de flujos de dinero indebido y debe actuar para evitar señalamientos futuros, como los que surgieron en la elección de Sinaloa en 2021, donde se sospechó apoyo del Cártel de Sinaloa al gobernador interino Rubén Rocha Moya (Morena). Castillo recordó que, hace más de un mes, presentó una propuesta de lineamientos que ha quedado estancada en la mesa privada del INE debido a observaciones de algunos consejeros.
Entre las resistencias internas, destaca la postura de ciertos consejeros que consideran que la regulación de procesos anticipados es una materia local, bajo la competencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Castillo refutó este argumento, indicando que el INE posee la facultad exclusiva de fiscalizar los tiempos de radio y televisión, lo cual permite poner límites para preservar la imparcialidad y rastrear el financiamiento antes del inicio formal de la campaña.
El consejero también subrayó la necesidad de un sistema de coordinación nacional con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de que ésta responda a las solicitudes del INE, y de que las fiscalías cumplan su labor para esclarecer el origen de los recursos. Reconoció que el rastreo de estos flujos escapa a las competencias exclusivas del INE, pero insistió en la colaboración interinstitucional.
En materia de equidad, Castillo propone que los aspirantes a candidaturas internas, que a menudo se presentan bajo nombres diferentes para eludir la normativa, no aparezcan en propaganda oficial ni accedan a los tiempos de radio y televisión otorgados al Estado. Esta medida busca evitar ventajas indebidas y garantizar una contienda electoral más justa.
La propuesta de Castillo está pendiente de discusión y votación dentro del Consejo General del INE, y su aprobación podría marcar un precedente importante en la lucha contra la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.