La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno anunció, el 17 de mayo de 2026, la imposición de sanciones a diez servidores públicos adscritos a distintas dependencias federales por infracciones administrativas consideradas no graves. Las resoluciones, dictadas por los Órganos Internos de Control de cada entidad, contemplan inhabilitaciones y suspensiones que van desde 15 días hasta nueve meses.
Las sanciones se inscriben en la estrategia federal para reforzar la transparencia, combatir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025‑2030. La Secretaría de Anticorrupción señaló que todas las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, pero aseguró que defenderá cada determinación con firmeza, al considerarlas sustentadas con evidencia y emitidas conforme a derecho.
Asimismo, se reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la plataforma oficial del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.