La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluirá en su lista de personas bloqueadas a treinta y dos sujetos – veintidós personas físicas y diez personas morales – vinculados a una presunta red de corrupción en el estado, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante una conferencia de prensa.
Según el funcionario, la lista abarca a autoridades locales, entre ellas el presidente municipal y varios funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, así como a empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil. Todos ellos estarían “presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de la entidad”.
García Harfuch precisó que la medida forma parte de una estrategia más amplia contra la extorsión y el lavado de dinero en la zona, y que la UIF actuará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República y la Policía Federal para desarticular la red criminal.
El titular de la SSPC subrayó que el bloqueo de cuentas es una herramienta preventiva que busca impedir la circulación de recursos ilícitos y desincentivar la participación de funcionarios públicos en actividades delictivas. “No toleraremos que la corrupción y el crimen organizado se infiltren en la administración pública”, afirmó.
Las autoridades no revelaron los nombres de los sujetos ni los montos exactos de los recursos congelados, citando la necesidad de preservar la integridad de la investigación. Sin embargo, señalaron que la medida será revisada periódicamente y que, de encontrarse pruebas suficientes, se procederá a la confiscación definitiva de los bienes.
El caso ha generado reacciones en diversos sectores. Organizaciones de la sociedad civil han aplaudido la acción del gobierno, mientras que algunos representantes políticos han pedido mayor claridad y transparencia en el proceso de bloqueo.
La UIF continuará monitoreando las operaciones financieras sospechosas y colaborará con las autoridades locales y federales para garantizar que los recursos públicos no sean utilizados para financiar actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.