En una entrevista la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, manifestó que "hasta ahora no vemos mayor riesgo" respecto a la reciente orden emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que obliga a los bancos a monitorear las transferencias internacionales. La medida, según el gobierno estadounidense, busca prevenir actividades ilícitas, pero ha generado preocupación en México por la posible restricción de las remesas que los migrantes envían a sus familias.
Sheinbaum subrayó que el flujo de remesas sigue siendo sólido y que los mecanismos de control bancario no impedirán que los fondos lleguen a los destinatarios. "Los bancos ya cuentan con sistemas de cumplimiento que se adaptan a estas exigencias sin afectar la rapidez ni la disponibilidad del dinero", afirmó la mandataria.
En el mismo espacio, la presidenta citó datos oficiales que indican una disminución del 97.5% en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos en los últimos años, lo que, según ella, reduce la vulnerabilidad del país ante posibles restricciones en los envíos de remesas. "Con menos personas cruzando la frontera, el impacto potencial de cualquier medida que limite los flujos financieros es marginal", explicó Sheinbaum.
El gobierno de México, por su parte, ha reiterado su compromiso de mantener canales seguros y eficientes para la transferencia de remesas, considerando que estos recursos representan alrededor del 3% del PIB nacional y son esenciales para la economía de millones de hogares.
Analistas financieros señalan que, aunque la orden de Trump podría generar una mayor carga operativa para las instituciones bancarias, la experiencia previa con regulaciones similares en otras jurisdicciones no ha provocado interrupciones significativas en los flujos de remesas. Sin embargo, advierten que cualquier cambio abrupto en la normativa estadounidense podría requerir ajustes rápidos por parte de los bancos mexicanos.
Mientras tanto, la administración de Sheinbaum continuará monitoreando la situación y mantendrá canales de diálogo con autoridades estadounidenses para asegurar que los intereses de los migrantes y sus familias no se vean comprometidos.