La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, manifestó en conferencia de prensa que el organismo no asumirá la función de filtrar a los llamados “narcocandidatos”, advirtiendo que tal medida pondría en riesgo su imparcialidad y vulneraría sus atribuciones constitucionales.
La propuesta, presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pretende modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales con periodos de tres años. Su objetivo sería revisar los perfiles de los aspirantes a cargos públicos y alertar a los partidos sobre posibles nexos con el crimen organizado, la corrupción o el financiamiento ilícito.
Según explicó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, la comisión tendría acceso a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República (FGR). El mecanismo operaría bajo criterios de confidencialidad y no implicaría procesos penales, sino una evaluación preventiva para que los partidos decidan si mantienen o no una candidatura.
Taddei sostuvo que el INE carece de herramientas legales y metodológicas para determinar riesgos por presuntos vínculos ilícitos y que su misión se limita a organizar elecciones y garantizar principios como legalidad, equidad y transparencia. Convertir al instituto en una instancia que “juzgue” la probidad de los aspirantes, según la titular, lo colocaría en el centro de disputas partidistas.
La iniciativa surge tras varios casos de alcaldes y funcionarios detenidos por supuestos nexos con grupos criminales, especialmente en municipios del Estado de México y Morelos. La Operación Enjambre reveló posibles esquemas de infiltración del narco en estructuras municipales mediante financiamiento ilícito de campañas electorales, afectando al menos a ocho municipios de Morelos.
Claudia Sheinbaum argumentó que tanto el INE como los partidos políticos necesitan mecanismos preventivos para identificar perfiles de riesgo antes de que aparezcan en las boletas. La reforma será discutida en el próximo periodo extraordinario del Congreso y ha abierto un debate sobre los límites entre seguridad, democracia y derechos políticos.
Especialistas advierten que, sin reglas claras y criterios transparentes, el mecanismo podría derivar en decisiones discrecionales o presiones políticas. Mientras tanto, el INE reafirma su disposición a analizar medidas que fortalezcan la integridad electoral, pero insiste en que no puede asumir funciones de investigación ni convertirse en una autoridad inquisidora sobre las candidaturas.