El Congreso de la Unión iniciará una sesión extraordinaria el 25 de mayo de 2026 para votar un paquete legislativo histórico que, por primera vez, incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad de elecciones federales y locales. La iniciativa, presentada por el diputado Ricardo Monreal (Morena), propone una reforma al artículo 41 de la Constitución y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral (LGIPE).
La propuesta define la injerencia de forma amplia: incluye financiamiento ilícito, campañas de desinformación, violaciones territoriales y cualquier presión política, económica, diplomática o mediática destinada a alterar la voluntad popular. No se menciona a ningún país en particular, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que “algunos asesores del gobierno de Trump buscan meter a México en sus elecciones de noviembre”.
El paquete legislativo también contempla reformas al Poder Judicial, ajustes al sistema de impugnación electoral y cambios para garantizar la integridad de las candidaturas. Estas medidas buscan reforzar la soberanía electoral frente a un contexto regional donde la interferencia externa se ha convertido en un hecho documentado.
Expertos han señalado riesgos y limitaciones. Lila Abed, del Inter‑American Dialogue, alertó que la redacción amplia de la norma podría “crear la base legal para que Morena derrumbe a cualquier candidato que no quiera”. Por su parte, el constitucionalista Javier Martín Reyes (UNAM) indicó que la ley exigirá probar la intención y el impacto determinante de la irregularidad, lo cual es “casi imposible de demostrar” en la práctica.
En conclusión, la reforma representa un intento sin precedentes de blindar la democracia mexicana contra la influencia extranjera, pero su efectividad dependerá tanto del texto como de su aplicación por parte de las autoridades electorales y judiciales.