Los médicos residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” iniciaron este lunes 25 de mayo de 2026 un paro de labores limitado a actividades no críticas y, simultáneamente, conformaron la Coalición de Médicos Residentes del mismo centro. La medida responde a denuncias de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento que, según los residentes, han sido ignoradas por las instancias federales y universitarias.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, los residentes informaron a la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al secretario de Salud, David Kershenobich, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que el paro permanecerá activo mientras persistan las áreas no esenciales; urgencias, unidades de cuidados intensivos, hospitalización y guardias continuarán operativas para garantizar la atención de los pacientes.
El documento exige la destitución inmediata de los médicos Adrián Chávez López y Víctor Olivar López, señalados como responsables de los actos de acoso, y solicita “protección real” para quienes denuncian, sin temor a represalias. Asimismo, los residentes piden la creación de una mesa de diálogo institucional pública y formal, y la garantía de condiciones de formación dignas, seguras y libres de violencia.
Según los residentes, las denuncias formales fueron presentadas hace varios meses, se abrieron expedientes y se notificó a las autoridades correspondientes, pero no recibieron respuesta ni medidas de protección. Aseguran haber recibido amenazas de despido y, en el caso de médicos extranjeros, la advertencia de “preparar sus maletas”, lo que consideran una intimidación migratoria.
Los residentes subrayan que la exigencia de una formación rigurosa no debe confundirse con la tolerancia a la violencia laboral. Argumentan que normalizar una cultura de abuso durante la residencia afecta la vocación, el aprendizaje profesional y, en última instancia, la calidad del cuidado que se brinda a los pacientes.
Finalmente, la coalición hace un llamado a la sociedad y a los organismos de derechos humanos para que intervengan y aseguren que los denunciantes no queden en una situación de mayor vulnerabilidad. Exigen compromisos formales, verificables y por escrito por parte de las autoridades universitarias y de salud, con el objetivo de restablecer un entorno formativo respetuoso y seguro.