Human Rights Watch (HRW) publicó el informe “Nos abandonan aquí a morir”, que revela que entre enero de 2025 y marzo de 2026 Estados Unidos deportó a México a 12 977 personas de terceros países, de los cuales 4 353 fueron cubanos. México absorbió alrededor del 70 % de todas las deportaciones realizadas bajo la política migratoria del expresidente Donald Trump.
Los cubanos deportados, muchos de ellos llegados a EE. UU. durante el éxodo del Mariel de 1980 o mediante programas migratorios legales, fueron enviados a ciudades del sur como Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco). Allí se encuentran en un “limbo legal permanente”, sin residencia permanente, sin acceso a servicios de salud ni a mecanismos claros para regularizar su situación migratoria.
El estudio de HRW señala que 17 de los 41 cubanos entrevistados tenían más de 60 años y 22 padecían enfermedades crónicas, lo que agrava su vulnerabilidad ante la falta de documentos y recursos económicos. Además, la presencia del crimen organizado y los altos índices de violencia en esas regiones dificultan aún más su integración.
Según el informe, el Departamento de Justicia de EE. UU. reconoce la existencia de un “acuerdo vigente no escrito” con México para recibir a cubanos y otros extranjeros, lo que vulnera el principio de no devolución al enviar a personas a un país donde pueden enfrentar secuestros, violencia y falta de protección. Los deportados alertaron sobre amenazas en México, pero fueron enviados sin audiencias individualizadas ni evaluaciones de riesgo.
El sistema mexicano de refugio muestra limitaciones: los solicitantes de asilo enfrentan retrasos, falta de citas y restricciones de movilidad. La reducción del financiamiento estadounidense al ACNUR México, de 50 millones de dólares en 2024 a 8 millones en 2025, ha empeorado la capacidad de respuesta.
HRW exige que cualquier deportación de terceros países a México se realice mediante acuerdos formales y transparentes, garantizando acceso a protección internacional y a mecanismos de regularización migratoria, para evitar que miles de personas queden atrapadas en un limbo legal sin derechos ni asistencia básica.