La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, con 316 votos a favor y 123 en contra, durante la segunda sesión extraordinaria. La medida, impulsada por el Ejecutivo, busca evitar que personas vinculadas al crimen organizado –los llamados “narco‑candidatos”– accedan a cargos federales o locales.
La nueva comisión recibirá, de los partidos políticos y de los aspirantes independientes, los listados de candidatos antes de su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Con esa información, en coordinación con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se realizará un análisis de riesgo para determinar la existencia de vínculos con actividades delictivas.
La entrega de datos será voluntaria, pero los partidos deberán establecer mecanismos para que sus postulantes autoricen el examen. Los resultados del análisis serán confidenciales y, de encontrarse indicios de riesgo, las instancias de seguridad podrán iniciar o continuar investigaciones.
La comisión estará integrada por cinco consejeros electorales, con mandato de tres años y presidencia rotativa anual. Su puesta en marcha está prevista antes del inicio del proceso electoral de 2027, y su financiamiento provendrá del presupuesto ya asignado al INE, sin recursos adicionales.
Según la Comisión de Reforma Política‑Electoral, la iniciativa no busca limitar derechos, sino elevar los estándares democráticos y reforzar la confianza pública mediante una arquitectura institucional preventiva alineada con buenas prácticas internacionales.