La Secretaría de Economía anunció que México presentará argumentos ante la Oficina del Representante Comercial (USTR) de Estados Unidos para evitar la imposición de un arancel adicional del 10 % que forma parte de la investigación bajo la Sección 301 sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
La propuesta, divulgada el 2 de junio de 2026, aún no es definitiva y contempla un periodo de 45 días para recibir comentarios, realizar consultas y celebrar audiencias públicas. La fecha límite para presentar comentarios escritos es el 6 de julio; el 22 de junio se aceptarán solicitudes de testimonio y el 7 de julio se llevarán a cabo las audiencias.
De las 60 economías bajo escrutinio, México forma parte de un grupo de 14 países (incluye a la UE, Canadá, Argentina y el Reino Unido) a los que se les propone un arancel del 10 %, mientras que a los 46 restantes se les plantea un 12,5 %. La diferencia se debe a los compromisos recíprocos del T‑MEC y otros acuerdos de comercio que la USTR reconoce como avances parciales.
El gobierno mexicano aclaró que la investigación de la Sección 301 es una estrategia de Washington para sustituir aranceles previos, como los impuestos bajo el IEEPA (anulados por la Suprema Corte) y los de la Sección 122, cuya vigencia expira el 24 de julio de 2026.
Además de los aranceles generales, la USTR propone un mecanismo específico para prendas de vestir y textiles que permitiría la entrada a EE. UU. de un volumen determinado de importaciones con una tasa reducida bajo la Sección 301. Ese mecanismo quedará sujeto al proceso de comentarios públicos.
La Secretaría de Economía manifestó su confianza en que las mesas de negociación bilateral, enmarcadas en la revisión del T‑MEC, modifiquen la propuesta antes de que se convierta en medida definitiva.
Según la USTR, el trabajo forzoso se define como “trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”. Washington sostiene que la falta de rigor en la prohibición de importación de dichos bienes crea una competencia desleal para los productores estadounidenses.
Las investigaciones iniciaron el 12 de marzo de 2026 y, durante la fase de consulta pública, la USTR recibió testimonios de casi 60 testigos y más de 500 comentarios y réplicas.