En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, indicó que la nulidad de elecciones por injerencia extranjera podría ser invocada en las elecciones intermedias de 2027, siempre y cuando los tribunales electorales interpreten la normativa vigente a favor de esa causal.
Alcalde explicó que, aunque la reforma que regula la materia aún no cuenta con sus leyes secundarias aprobadas, el artículo 40 de la Constitución ya establece la prohibición de cualquier forma de intervención o injerencia en los procesos electorales. En consecuencia, la reforma propone como causal de nulidad la existencia de actos de intervención extranjera que hayan influido en los resultados de elecciones federales o locales.
«Si se acreditan actos de intervención o injerencia extranjera que hayan incidir en los resultados electorales, los tribunales podrán declarar la nulidad de la elección», afirmó Alcalde desde el Salón Tesorería. La autoridad subrayó que la aplicación de esta medida dependerá de la capacidad de los órganos jurisdiccionales electorales para demostrar la existencia de dichos actos y su impacto concreto en la voluntad popular.
El anuncio llega en un contexto de creciente preocupación por la posible influencia de actores externos en los procesos democráticos de México. La discusión sobre la necesidad de fortalecer la normativa electoral y los mecanismos de vigilancia ha cobrado fuerza en los últimos meses, impulsada por denuncias de intentos de desinformación y financiamiento ilícito.
De concretarse, la nulidad por injerencia extranjera tendría efectos significativos: la convocatoria a una nueva elección, la posible sanción a partidos o candidatos involucrados y la revisión de los procesos de fiscalización electoral. Asimismo, se abriría un precedente jurídico que podría ser invocado en futuros comicios, tanto a nivel federal como local.
Alcalde concluyó reiterando la disposición del Ejecutivo para colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales en la detección y sanción de cualquier intento de interferencia, con el objetivo de garantizar la integridad del voto mexicano.