En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, publicó tres decretos que reordenan el marco electoral y judicial del país. Los cambios, anunciados por la senadora Laura Itzel Castillo a través de sus redes sociales, entrarán en vigor el miércoles, respetando los plazos constitucionales.
Integridad de candidaturas: se adiciona a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) un mecanismo de evaluación de riesgos para aspirantes a cargos públicos, con el objetivo de detectar posibles nexos con el crimen organizado. Para ello se crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE) y compuesta por tres integrantes del Consejo General, con mandato de tres años y presidencia rotativa anual. La comisión compartirá la información recabada con la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Nueva causal de nulidad electoral: se reforma el artículo 41, base VI, párrafo tercero, para establecer que una elección federal, estatal o local podrá ser declarada nula cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados. La reforma, de rango constitucional, ya cuenta con la aprobación del Congreso de la Unión y de los congresos locales, que disponen de hasta el 5 de junio para adecuar sus cartas magnas.
Reforma al Poder Judicial: se modifican los plazos, el funcionamiento y el método de elección de jueces, magistrados y ministros. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedará integrado por nueve ministros, podrá operar en dos secciones y su presidencia se renovará cada dos años de forma rotativa, asignándose al magistrado que haya obtenido mayor número de votos en la elección. La votación popular de magistrados se realizará el primer domingo de junio, coincidiendo con las elecciones ordinarias, y el INE dividirá los circuitos judiciales en distritos específicos para la boleta.
Estas reformas buscan "blindar" el proceso democrático, garantizar la independencia judicial y prevenir la infiltración de intereses externos en la política nacional.