La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó y sancionó una mina clandestina en el ejido Arroyo del Hacho, municipio de Guanaceví, que operaba sin los permisos federales exigidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante recorridos de inspección, los funcionarios constataron la existencia de un proyecto de extracción de minerales metálicos —principalmente plata, oro y zinc— con maquinaria rudimentaria y la remoción de vegetación en una superficie aproximada de 3,200 metros cuadrados. La zona afectada corresponde a un ecosistema de transición donde predominan pinos y táscate (Juniperus), especies clave para la conservación del suelo, la captación de agua y el hábitat de fauna local.
Al solicitar la documentación ambiental, los responsables no pudieron acreditar la autorización de impacto ambiental ni el cambio de uso de suelo, trámites obligatorios para cualquier actividad en terrenos forestales. Ante la falta de dichos permisos, Profepa ordenó la clausura total temporal del proyecto y aseguró la maquinaria encontrada, con el objetivo de detener los daños y evitar la continuidad de la actividad ilícita.
La dependencia federal ha iniciado un procedimiento administrativo para determinar responsabilidades legales, evaluar el alcance de los daños y garantizar la reparación ambiental correspondiente. Este proceso busca que quienes incumplan la normativa enfrenten sanciones y que se refuercen las medidas de protección y uso sustentable de los recursos naturales.
La minería ilegal representa una de las mayores amenazas para los ecosistemas forestales y las comunidades rurales de México. Además de los impactos ambientales —deforestación, erosión, contaminación de suelos y cuerpos de agua, pérdida de hábitats—, suele generar conflictos sociales, riesgos para la salud pública y la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica y la prevención de desastres naturales.
En el contexto nacional, México se posiciona como líder mundial en la producción de minerales, destacándose en la extracción de plata, oro y cobre. Sin embargo, la actividad minera, sobre todo a cielo abierto, ha sido señalada por sus efectos irreversibles en los ecosistemas y por la presencia de grupos del crimen organizado que extorsionan y controlan yacimientos, incrementando la violencia y el desplazamiento de comunidades.
La detección y clausura de la mina en Durango subraya la necesidad de reforzar la vigilancia ambiental y de garantizar que los proyectos mineros cumplan con los requisitos de sostenibilidad y protección de la biodiversidad, evitando así daños irreparables al patrimonio natural del país.