En una sesión celebrada el 12 de junio de 2026, las comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobaron una reforma que establece penas de hasta diez años de prisión, multas de 100 a 150 días y la destitución o inhabilitación del cargo para funcionarios que omitan investigar delitos cometidos contra mujeres por razón de género.
La iniciativa, impulsada por la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena), obliga a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a aplicar el protocolo de feminicidio con perspectiva de género y debida diligencia en cada muerte violenta de mujeres y niñas. González López señaló que la medida fortalece a las instituciones y garantiza que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente.
El proyecto retoma propuestas de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010, e incorpora los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la sentencia del 25 de marzo de 2015, que exigió el análisis de los casos desde una perspectiva de género.
Durante el debate, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez (Morena) denunció deficiencias sistemáticas en las investigaciones: pérdida de evidencia, carpetas incompletas y ausencia de perspectiva de género en los peritajes iniciales. La legisladora Luisa Esmeralda Navarro Hernández añadió que la reforma evitará cierres de carpetas bajo la premisa de suicidio, como ocurrió en el caso de Mariana Lima.
Otros legisladores, como Octavio Martínez Vargas y Selina Trujillo Arizmendi, subrayaron la necesidad de contar con médicas legistas y de reforzar la fiscal central de Género para evitar la revictimización y mejorar la clasificación de los casos. La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, destacó que por primera vez se tipifica de manera autónoma el delito de negación de la justicia por razones de género.
Con la reforma, el Estado de México, que concentra el 35 % de los feminicidios registrados en 2025, se posiciona a la vanguardia nacional al sancionar también la omisión y la complicidad institucional. El Código Penal estatal ya contempla penas de 40 a 70 años de prisión para feminicidio y transfeminicidio; ahora, la negligencia de los funcionarios será igualmente penada.