El gobierno federal ha puesto en marcha un registro obligatorio de líneas celulares con el objetivo de crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. La medida, que se implementa mientras México se prepara para la Copa Mundial de Fútbol 2026, ha generado una fuerte oposición en varios sectores de la población.
En el estado de Chihuahua, el diputado del Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, lidera una campaña para impulsar amparos colectivos que permitan a los ciudadanos eludir el trámite sin enfrentar sanciones administrativas. Según fuentes locales, más de 7,000 personas ya han firmado solicitudes que servirán de base para recursos legales contra la obligación de vincular una línea telefónica a datos personales.
Durante un encuentro en la plaza pública de Parral, el legislador explicó que el padrón podría vulnerar la privacidad digital de los mexicanos, al permitir la recopilación de información asociada a los números telefónicos y, potencialmente, su acceso por parte del gobierno.
Los opositores sostienen que la medida pone en riesgo la protección de datos personales y podría facilitar el acceso a información sensible, como llamadas, mensajes o ubicación. Las autoridades, por su parte, aseguran que el registro no implica la vigilancia de contenidos privados y que su único fin es mejorar la identificación de usuarios y combatir el fraude.
La controversia no se limita a Chihuahua. En Aguascalientes, un ciudadano presentó un recurso ante un juzgado federal bajo los mismos argumentos de privacidad. Grupos de derechos digitales y activistas en varios estados están replicando la estrategia de amparos colectivos.
Operativamente, el programa enfrenta un desafío considerable: se estima que cerca de 100 millones de líneas siguen pendientes de registro, lo que dificulta alcanzar la meta dentro del plazo establecido. Expertos advierten que el volumen de usuarios y el corto periodo disponible representan un reto técnico de gran magnitud.
A pesar de la presión, el gobierno ha reiterado que no ampliará la fecha límite. La posible cancelación gradual de líneas no registradas se aplicará en los meses posteriores al cierre del plazo, manteniéndose la obligación de cumplir con el trámite.
El debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad, regulación y derechos fundamentales continúa. Mientras las autoridades defienden la necesidad del padrón para fortalecer el control de los servicios móviles, miles de ciudadanos consideran que la medida atenta contra la privacidad y la protección de datos personales, anticipando una larga batalla legal que podría extenderse más allá de la fecha límite de registro.