El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este lunes que, desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, su gobierno ha transferido a 313 personas buscadas por la justicia mexicana para que enfrenten procesos judiciales en el país. La declaración se realizó a través de su cuenta de X (antes Twitter) después de que la Patrulla Fronteriza detuviera a un ciudadano mexicano acusado de prostitución de un menor y agresión sexual, entregándolo a las autoridades mexicanas.
Johnson calificó el caso como un ejemplo de la cooperación impulsada por Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y escribió: “Juntos llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras”.
El anuncio coincidió con una reunión del Grupo Bilateral de Implementación en la embajada estadounidense, donde representantes de decenas de agencias de seguridad de ambos países revisaron avances en crimen organizado, robo de combustible, seguridad fronteriza, migración irregular y tráfico de armas.
Aunque el gobierno de Sheinbaum ha reiterado la necesidad de que Washington atienda los requerimientos formales de extradición, el canciller Roberto Velasco Álvarez señaló que, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México envió 269 solicitudes de extradición a EE. UU.; 36 fueron rechazadas y 233 siguen pendientes, de las cuales 183 son peticiones formales.
Entre los casos que México reclama están el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de operar con factureras. Sheinbaum también ha pedido la entrega de personas vinculadas al caso Ayotzinapa.
Es importante aclarar que las 313 transferencias citadas por Johnson no son extradiciones. La extradición es un proceso legal y diplomático que requiere pruebas, órdenes judiciales y permite al detenido interponer recursos judiciales, lo que puede prolongarse meses o años. En cambio, las transferencias son deportaciones coordinadas: los individuos son detenidos en EE. UU. por violaciones migratorias, se detecta una orden de aprehensión mexicana y se acelera su expulsión, permitiendo a México ejecutar la orden al cruzar la frontera.
Las declaraciones del embajador se dieron en el contexto de los comentarios de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU., quien acusó a funcionarios mexicanos de colusión con el crimen organizado y resaltó la operación que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, gracias a inteligencia estadounidense y apoyo de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas mexicanas.
Sheinbaum, por su parte, se limitó a reiterar su postura de “colaboración sin subordinación” y solicitó a Washington reforzar los operativos de decomiso de armas. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó la posición de la presidenta, señalando que cualquier funcionario con vínculos al crimen organizado debe ser juzgado por autoridades mexicanas.