El legislador morenista Ricardo Monreal Ávila afirmó este lunes que todo funcionario o político señalado de tener vínculos con actividades delictivas debe ser investigado y sancionado por la Fiscalía General de la República (FGR), subrayando la necesidad de respetar el debido proceso y basar cualquier indagatoria en pruebas contundentes.
Monreal, quien no mencionó nombres concretos, declaró a los medios: “Todo aquel que tenga cuentas pendientes con la ley o que tenga conductas antijurídicas o de complicidad debe pagar por ellas y debe ser juzgado por las autoridades mexicanas”. Sus comentarios responden a las recientes declaraciones de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE.UU., quien advirtió que la administración de Donald Trump seguirá señalando a funcionarios mexicanos supuestamente coludidos con el crimen organizado.
Carter, en una entrevista con el programa American Thought Leaders, sostuvo que su gobierno busca desmantelar las redes financieras y de protección política que facilitan la operación de los cárteles, y citó como ejemplo el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, gracias a la inteligencia estadounidense y la ejecución por parte de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas mexicanas.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó confrontar directamente a Carter, señalando que México mantiene una postura de “colaboración sin subordinación” y defendiendo la soberanía nacional. Sheinbaum recordó la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 y destacó los avances en la desactivación de laboratorios clandestinos, principalmente de metanfetaminas, y la detección de tres casos de fabricación de pastillas de fentanilo.
Monreal reiteró que la FGR es la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones y que cualquier proceso debe respetar los derechos constitucionales, mientras que la administración mexicana sigue trabajando en la cooperación bilateral para reforzar la seguridad y combatir el tráfico de armas y drogas.