El martes 23 de junio de 2026, aproximadamente 100 exjueces de Distrito y exmagistrados de Circuito recorrieron la Avenida Paseo de la Reforma, partiendo del Monumento a la Revolución y culminando en la Secretaría de Gobernación (Segob). Vestidos con toga y acompañados por una batucada, la marcha buscó presionar a las autoridades para que cumplan con las indemnizaciones y pensiones complementarias que, según la Constitución, les corresponden tras la reforma judicial aprobada en 2024.
En su trayecto hicieron una primera parada en el Senado de la República, donde entregaron un escrito solicitando audiencia con legisladores para exponer su situación. El documento, firmado por el colectivo denominado "Décimo Transitorio", reclama el cumplimiento del artículo transitorio que establece compensaciones económicas a quienes se retiraron o no participaron en los procesos de elección de jueces tras la reforma.
Los manifestantes denuncian que el Órgano de Administración Judicial (OAJ), responsable de la gestión administrativa del Poder Judicial, no ha entregado los recursos pactados. Según el exmagistrado Manuel Cano Maynez, el monto total de los pagos pendientes oscila entre 600 y 700 millones de pesos, afectando a alrededor de 200 exjuzgadores federales que dejaron sus cargos como consecuencia de la transformación del sistema judicial.
Los exjueces afirman haber agotado las vías jurídicas antes de recurrir a la protesta y sostienen que la falta de pago ha generado graves dificultades económicas, especialmente para quienes cuentan con trayectorias de 15 a 40 años en el Poder Judicial. Además, la normativa derivada de la reforma les impide ejercer actividades vinculadas a la función jurisdiccional durante dos años, limitando sus oportunidades de reincorporarse al mercado laboral.
Tras la visita al Senado, la marcha continuó hasta la Segob, donde entregaron un segundo escrito reiterando su exigencia. De los cinco representantes que intentaron ingresar, solo dos lograron acceder a las instalaciones. Los manifestantes aseguraron que seguirán impulsando acciones pacíficas hasta obtener una respuesta formal de las autoridades ejecutivas y legislativas.
Esta movilización constituye uno de los frentes abiertos que dejó la implementación de la reforma judicial, evidenciando la tensión entre el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto al cumplimiento de los compromisos constitucionales.