La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Ejecutivo federal está a punto de lanzar un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) dedicado exclusivamente a la vigilancia de las carreteras federales, como medida para frenar la ola de violencia, extorsiones y robos que afecta al sector transportista.
Sheinbaum declaró desde el Palacio Nacional que el nuevo C5 "se presentará muy pronto", sin precisar fecha de lanzamiento ni detallar la infraestructura tecnológica que incluirá, aunque insinuó la posible incorporación de cámaras, centros de monitoreo y protocolos de respuesta inmediata.
El anuncio se produce horas antes de la movilización nacional convocada por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) para el 24 de junio. La organización planea protestas simultáneas en los 32 estados, con caravana lenta hacia el Zócalo de la Ciudad de México, señalando rutas críticas como las autopistas México‑Querétaro, México‑Pachuca, México‑Puebla, México‑Cuernavaca y el Arco Norte.
AMOTAC denuncia que el país atraviesa "la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales" y acusa a la Guardia Nacional y a los cuerpos policiales estatales y municipales de no haber contenido los robos ni de ejercer extorsiones en retenes. Entre sus exigencias destacan la regulación de tarifas oficiales para grúas federales, estatales y municipales, la eliminación de cobros por permisos municipales de acceso a ciudades, y la agilización de la expedición de placas, licencias y certificados por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Otro punto crítico del pliego es la solicitud de que los puestos de control sean vigilados por "personal confiable" y que cese la persecución del llamado "hombre‑camión" por parte de la Guardia Nacional y autoridades locales. Asimismo, la AMOTAC pide reformar el artículo 133 Bis 3‑A de la Ley Nacional de Aguas, que penaliza el traslado de agua en pipas, considerándolo una criminalización de una actividad esencial para el sector.
El gabinete de seguridad revisa mensualmente los datos de robos en carreteras en sesiones conjuntas entre la SICT y la Guardia Nacional, pero la organización transportista asegura que esas mesas de negociación no han generado acciones concretas, lo que motivó la convocatoria a la protesta.
El futuro C5 carretero, aunque aún sin fecha oficial de presentación, representa la respuesta más visible del gobierno ante la presión del sector que sostiene la cadena de suministro nacional. Su efectividad dependerá de la capacidad de integrar tecnología de monitoreo, coordinación interinstitucional y, sobre todo, de generar soluciones que no añadan cargas burocráticas a los transportistas.