La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes 29 de junio que la Fiscalía General de la República (FGR) reanudará las investigaciones sobre el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. La decisión se sustenta en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que los delitos cometidos contra niñas y niños no prescriben por tratarse de graves violaciones a derechos humanos.
Sheinbaum indicó que, a partir de este pronunciamiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está obligado a entregar a la FGR toda la evidencia e información que las autoridades requieran para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Durante la conferencia de prensa, la mandataria también señaló que la privatización de servicios dentro de instituciones públicas fue una de las causas estructurales que permitió que guarderías subrogadas operaran sin la regulación adecuada, facilitando que la tragedia se produjera en una bodega alquilada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
En los últimos días, la Fiscalía informó que continuará con las acciones legales contra Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, y Carla Rochín Nieto, excoordinadora Nacional de Guarderías del mismo instituto. Ambos fueron vinculados a proceso en noviembre de 2020 por homicidio culposo y lesiones culposas en modalidad de comisión por omisión, tras la indagatoria iniciada por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.
El caso, que dejó 49 niños fallecidos y cientos de heridos, sigue siendo un referente de la necesidad de reforzar la normativa y supervisión de los servicios de cuidado infantil, así como de revisar los esquemas de asociación público‑privada que, según la presidenta, han generado contratos leoninos y una escasa rendición de cuentas.