La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que el cuerpo de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue encontrado en un rancho del municipio de Moloacán, 24 días después de su secuestro el 2 de junio. El hallazgo se dio a conocer tras la captura de José Del Carmen Cadena Escayola, conocido como “Delta 7”, quien, al ser detenido en Coatzacoalcos por la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, indicó el sitio exacto donde la comunicadora fue ultimada.
Cadena Escayola fue arrestado después de semanas de operaciones navales de inteligencia que involucraron a la Marina, el CONASE, la Fiscalía General del Estado y otras corporaciones federales y estatales. Al momento del hallazgo, personal naval custodiaba el área mientras esperaban los equipos periciales.
El secuestro ocurrió a las 6:00 a.m. del 2 de junio, cuando tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda de Guzmán en la calle Balderas, colonia Primero de Mayo, Nanchital. La periodista logró grabar parte del asalto antes de que le arrebataran el celular; el video muestra a los agresores golpeando la puerta con un marro y, tras entrar, apuntarle con un arma larga y llevarse a la comunicadora.
Roxana Guzmán había regresado a Veracruz en enero de 2026 después de años de exilio forzado y fundó el medio digital Pulso Informativo del Sureste, que alcanzó 19,000 seguidores en pocos meses. Sus últimos reportes trataban denuncias ciudadanas sobre la comercialización de huevos en mal estado y exigencias de una familia al ayuntamiento por gastos médicos.
El caso se inscribe en un contexto de creciente violencia contra la prensa en México. Según Reporteros Sin Fronteras, el país fue la segunda nación más letal para periodistas en 2025, con nueve asesinatos y 28 desapariciones. Organizaciones como Article 19 México y Centroamérica, CIMAC y la Alerta Mujeres Periodistas exigieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos que se priorice la investigación y se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.