En una conferencia de prensa celebrada el 15 de julio en la Ciudad de México, Julián LeBarón confirmó que competirá por la gubernatura de Chihuahua en 2027 bajo la bandera de Somos MX, partido que lidera Guadalupe Acosta Naranjo. LeBarón, activista cuya familia fue víctima de una masacre del Cártel de Juárez en 2019, declaró que su postulación será ciudadana y que no requerirá afiliarse al partido, aunque compartirá coincidencias ideológicas con el movimiento.
El anuncio llega en medio de una profunda fractura de la oposición en Chihuahua. Morena, el PAN y el PVEM ya están inmersos en disputas internas; el dirigente del PVEM, Arturo Escobar, condicionó su coalición a la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar, mientras que el PT presentó a Andrea Chávez como su opción. LeBarón se perfila como una tercera alternativa en un mapa político altamente fragmentado.
Acosta Naranjo precisó que la postulación se formalizará “en el momento procesal debido”, conforme a la legislación electoral, y subrayó que Somos MX rechaza campañas anticipadas, actuando dentro del marco constitucional. LeBarón explicó que optó por un partido en lugar de una candidatura independiente porque, según él, “un independiente puede ser tan corrupto como cualquier político”. Añadió que ve a Somos MX “casi como un tanque de guerra, para no ir con una resortera”.
El activista también reveló que ha recibido amenazas de muerte que obligaron a varios miembros de su familia a abandonar México. Notificó la situación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ordenó el refuerzo de la protección mediante elementos de la Guardia Nacional.
En su discurso, LeBarón agradeció el respaldo de comunidades tarahumaras, menonitas, agricultores y transportistas, y reiteró su apoyo a las Madres Buscadoras y a los colectivos de desaparecidos. Su agenda se centrará en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad en los 67 municipios del estado, señalando que la inseguridad impide la libre movilidad y que la protección actual es insuficiente, incluso para los niños.
Paralelamente, el despacho Motley Rice LLC presentó ante el juez federal Brian M. Cogan (EE. UU.) una solicitud para que los activos bloqueados de Ismael “El Mayo” Zambada respondan a la sentencia de 2022 obtenida por integrantes de la familia LeBarón contra el Cártel de Juárez. La petición, basada en la Ley de Seguro contra Riesgos del Terrorismo de 2002 (TRIA), busca garantizar que los fondos confiscados –estimados en 15 mil millones de dólares– beneficien a las víctimas, frente a una propuesta del gobierno estadounidense que limitaría el acceso a dichos recursos.