En una conferencia de prensa matutina celebrada en Quintana Roo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó dos iniciativas clave para el sector turístico de Tulum, tras la creciente presión de visitantes y residentes que denunciaron la privatización de playas y el encarecimiento de los servicios en zonas arqueológicas.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR), ordenó la apertura de todas las playas públicas de Tulum, eliminando barreras físicas y económicas que limitaban su uso. Se crearán zonas de acceso libre con señalización clara, vigilancia de la Guardia Nacional y la implementación de servicios básicos (baños, duchas y áreas de sombra) sin costo para los usuarios.
En paralelo, SECTUR anunció una disminución del 30 % en los precios de entrada a los principales atractivos arqueológicos de la región, como Cobá y la zona de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an. La medida busca fomentar la visita de turistas nacionales y extranjeros, así como impulsar la economía local mediante un mayor flujo de visitantes.
Las decisiones responden a denuncias presentadas por organizaciones civiles y usuarios que señalaban la existencia de “playas privadas” gestionadas por hoteles y desarrollos inmobiliarios, lo que limitaba el derecho constitucional al acceso al mar. Asimismo, los altos costos de entradas a sitios arqueológicos habían generado críticas en redes sociales y foros de viajeros.
Según datos preliminares de la SECTUR, se anticipa un aumento del 15 % en la afluencia turística a Tulum durante la temporada alta de 2026‑2027, lo que podría traducirse en un mayor ingreso para comercios locales y la generación de empleos directos e indirectos. La autoridad también señaló que se destinarán recursos federales para la conservación y mantenimiento de las áreas costeras y arqueológicas.
El gobierno municipal de Tulum colaborará con la SECTUR para la implementación de los nuevos protocolos, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) supervisará el cumplimiento de normas de protección ambiental. Se establecerá un canal de atención ciudadana para recibir retroalimentación y reportar posibles irregularidades.
Con estas medidas, México busca reafirmar el principio de que las playas son patrimonio de todos los mexicanos y visitantes, garantizando su disfrute sin discriminación y fomentando un turismo sostenible y accesible.