En la sección de Derecho de Réplica del Congreso, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, pidió al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que actúe contra el juez que, en una resolución reciente, suspendió la orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.
Alcalde Luján señaló que el magistrado, a pesar de que la orden de captura había sido emitida por presuntos ilícitos que justifican la prisión preventiva oficiosa, otorgó una suspensión que consideró “indebida” y contraria al principio de legalidad.
Según el relato del legislador, la medida del juez vulnera el derecho de la víctima y la seguridad jurídica, pues impide que se lleve a cabo la investigación penal correspondiente. En consecuencia, la consejera jurídica indicó que el TDJ tiene la facultad de actuar de oficio para determinar si el magistrado incurrió en responsabilidades graves que ameriten sanción disciplinaria.
El llamado a la autoridad judicial se produce en un contexto de creciente presión política para que los casos de corrupción y abuso de poder sean perseguidos con celeridad. La petición de Luján busca, además, reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y evitar la percepción de impunidad.
El TDJ aún no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la solicitud. Mientras tanto, la defensa de Ruffo ha reiterado que el proceso contra su cliente debe respetar todas las garantías constitucionales y que la suspensión de la orden de captura se basó en argumentos legales que serán defendidos en los tribunales.
Esta controversia subraya la tensión entre los poderes ejecutivo y judicial en México, y plantea interrogantes sobre la independencia de los jueces al enfrentar casos de alta relevancia política.