La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una orden que obliga a las autoridades educativas de las 32 entidades de la República a asegurar que, a más tardar el 31 de agosto, ninguna institución que ofrezca servicios bajo las denominaciones de "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier referencia a disciplina de carácter militar opere en el ciclo escolar 2026‑2027.
El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, solicitó a los gobiernos estatales revisar exhaustivamente los permisos, autorizaciones y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a los planteles que funcionen bajo este esquema. Las escuelas identificadas deberán suspender sus actividades e iniciar los trámites administrativos para su clausura definitiva.
La SEP también ordenó que, de inmediato, los planteles entreguen a los estudiantes la documentación escolar correspondiente (certificados parciales o totales) y reembolsen los pagos pendientes, como reinscripciones, uniformes, útiles y otros servicios, con el fin de garantizar la continuidad académica en otras instituciones.
Delgado explicó que la medida responde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que prioriza el desarrollo integral, el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz. Según el secretario, la educación con orientación militar es incompatible con los fines del Sistema Educativo Nacional, pues la formación castrense corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional para el personal de las Fuerzas Armadas.
El anuncio se produce pocos días después de la muerte de la adolescente Dafne Zapata en un campamento de la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. El caso, que generó amplio debate público, puso en evidencia la falta de regulación de estos planteles privados y reforzó la necesidad de la intervención federal.