El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde, con nueve votos a favor y dos en contra, a la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, una instancia que revisará los listados de personas que pretendan postularse a cargos de elección popular para detectar posibles nexos con el narcotráfico, la corrupción o cualquier delito grave antes de su registro oficial.
La comisión, presidida por el consejero electoral Arturo Chávez, integra también a la consejera Norma Irene de la Cruz y al consejero Uuc‑kib Espadas. La Secretaría Técnica quedará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del propio INE.
Durante la sesión vespertina del jueves, la consejera presidenta Guadalupe Taddei subrayó que la puesta en marcha de este órgano refuerza la capacidad del instituto para responder con rapidez a las exigencias de la vida democrática y cumplir con las nuevas responsabilidades que le impuso el Poder Legislativo. "Hoy el INE está llamando a convertir un mandato legal en una política institucional sólida y en una visión de Estado que permita atender los nuevos retos del sistema electoral mexicano", afirmó Taddei.
La función central de la comisión será la revisión previa de los aspirantes, con el objetivo de identificar posibles vínculos con el crimen organizado o antecedentes que comprometan la integridad de una candidatura. La información recabada será remitida a las instancias competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera, quienes realizarán el análisis de riesgo correspondiente.
El INE actuará como interlocutor institucional, concentrando la solicitud, canalizando la información y comunicando los resultados, siempre bajo la protección de datos personales y sin vulnerar derechos. La presidenta del instituto dejó claro que el organismo no determinará por sí mismo la existencia de un riesgo razonable, no llevará a cabo investigaciones propias y no sustituirá a los partidos políticos en la selección de sus candidatos.
En el debate, la consejera Carla Humphrey propuso excluir a los partidos políticos y a las representaciones del Congreso de la Unión de la comisión, argumento que fue respaldado por la mayoría de los consejeros. Arturo Chávez defendió la exclusión, señalando que la confidencialidad de la información tratada lo hacía indispensable.
El proyecto original contemplaba que la integración inicial de la comisión fuera temporal y excepcional, con una vigencia de tres años para sus tres consejeros. Asimismo, se estableció que en septiembre del presente año, al realizarse nuevas integraciones del resto de comisiones, se respetará el tope de cuatro comisiones por consejero.
Con esta medida, el INE busca dotar a los partidos políticos de mayores elementos para la toma de decisiones, al tiempo que fortalece la integridad del proceso electoral de cara a las elecciones de 2027.