Durante la conferencia de prensa de La Mañanera del Pueblo, la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján anunció que el Gobierno de México ha ahorrado aproximadamente 5 mil millones de pesos al prohibir las llamadas pensiones doradas, que permitían a funcionarios públicos recibir jubilaciones desproporcionadas.
Alcalde Luján precisó que la medida se fundamenta en la identificación de dos disposiciones constitucionales aparentemente contradictorias: una que fija el salario de la presidenta como tope máximo y otra que establece la mitad del salario como límite. "Nuestro criterio fue aplicar lo más beneficioso para las personas que se quejaron", sostuvo la funcionaria.
Con la nueva normativa, ningún servidor público podrá percibir una pensión superior al salario de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. "Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie tiene un millón de pesos mensuales", afirmó Alcalde, aludiendo a casos en los que funcionarios recibían montos exorbitantes por cargos de corta duración.
La presidenta Sheinbaum, por su parte, anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso de la Unión para eliminar las contradicciones señaladas y reforzar la reforma al artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica a la regulación de las pensiones doradas.
Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del Ejecutivo para garantizar la equidad en la asignación de recursos públicos y evitar privilegios indebidos en el sector público.