Un grupo de aspirantes que obtuvieron la aprobación en el examen virtual de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó, en los últimos días, los primeros recursos de amparo contra la decisión de la institución de cancelar la prueba y convocar una nueva evaluación.
Los estudiantes, que forman parte de la primera cohorte que realizó el examen de forma remota, argumentan que la medida vulnera sus derechos al debido proceso y a la igualdad de oportunidades, al desestimar sus resultados sin una justificación legal suficiente. En los escritos de amparo, solicitan que se restituya el examen original y que se les reconozca como admitidos, mientras rechazan la propuesta de una segunda convocatoria que, según ellos, implicaría una “repetición injusta” del proceso.
La polémica surgió después de que la UNAM anunciara, el 15 de julio, la detección de presuntas irregularidades en el desarrollo del examen virtual, señalando que varios aspirantes habrían incurrido en conductas de trampa. Ante estas acusaciones, la universidad decidió aplicar un examen de control a los participantes y, posteriormente, cancelar la prueba original, argumentando la necesidad de garantizar la transparencia y la integridad del proceso de selección.
Ante la reacción de los aspirantes, la Dirección General de Servicios Escolares (DGSE) de la UNAM emitió un comunicado en el que sostuvo que la medida de cancelar el examen y programar una nueva convocatoria es “una respuesta necesaria ante los indicios de fraude que comprometen la equidad del ingreso a la educación superior”. Sin embargo, la institución también manifestó su disposición a atender los recursos de amparo y a revisar los casos de manera individual.
Expertos en derecho educativo señalan que los amparos podrían prosperar si se demuestra que la UNAM no siguió los procedimientos internos establecidos para la impugnación de resultados, o si la cancelación se realizó sin una resolución judicial previa. Por su parte, organizaciones estudiantiles han convocado a manifestaciones pacíficas para exigir la restitución de los resultados y la garantía de un proceso de admisión transparente.
El caso se encuentra en la fase inicial del procedimiento judicial; se espera que la autoridad competente emita una resolución en las próximas semanas, lo que podría sentar un precedente importante sobre la forma en que las universidades públicas mexicanas manejan situaciones de supuesta deshonestidad académica en procesos de admisión virtuales.