La violencia en Michoacán ha paralizado la cadena de suministro del aguacate mexicano, conocido como el “oro verde”, y ha puesto en jaque su principal mercado: Estados Unidos. Ante la amenaza a la seguridad de los equipos de inspección, el gobierno estadounidense suspendió de forma temporal las revisiones necesarias para autorizar embarques provenientes del estado, deteniendo casi el 90% de la exportación mexicana.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció el despliegue de fuerzas de seguridad en las áreas productoras y el inicio de negociaciones con Washington para reactivar los envíos lo antes posible. Sin embargo, la crisis no se limita a la logística; la cobertura mediática de la violencia está modificando la percepción del consumidor y, con ello, su disposición a pagar por el fruto.
Un estudio liderado por el Dr. Juan Carlos Angulo y Aldo Gutiérrez‑Mendieta de la Universidad Iberoamericana, realizado en marzo de 2025 con 900 adultos estadounidenses, reveló que los titulares que resaltan conflictos delictivos o daños ambientales disminuyen significativamente el valor percibido del aguacate. Los participantes expuestos a noticias negativas redujeron su disposición a pagar en un 18 % en promedio, un efecto mayor que el generado por informes sobre impactos ambientales.
El experimento también mostró que los consumidores habituales de aguacate son menos susceptibles a estos mensajes, mientras que los compradores esporádicos ajustan rápidamente su precio máximo, evidenciando que la experiencia previa actúa como filtro frente a la avalancha informativa.
En consecuencia, la interrupción de inspecciones no solo representa una barrera comercial inmediata, sino que también alimenta una crisis reputacional que puede traducirse en pérdidas de mercado a mediano plazo. Restablecer las inspecciones es necesario, pero insuficiente: la solución estructural pasa por garantizar la seguridad en la zona productora y por gestionar la narrativa mediática que rodea al producto.
Mientras tanto, productores y exportadores mexicanos enfrentan incertidumbre y presión para diversificar mercados, mientras el gobierno federal refuerza la presencia del orden público y busca acuerdos bilaterales que permitan la reanudación del flujo comercial sin comprometer la seguridad de los operarios ni la confianza del consumidor.